El shock Sturzenegger

Más de 700 desregulaciones y ninguna flor

La eliminación masiva de marcos normativos impulsada por la gestión de Javier Milei deja sin red de contención a la salud privada, el mercado laboral, los alquileres y la economía del bolsillo.

Así lo detalla un análisis publicado por el sitio El Destape y redactado por el periodista Javier Slucki, donde se examina cómo las flexibilizaciones aplicadas en áreas clave han tenido un impacto directo sobre la vida cotidiana, la economía y la seguridad de los ciudadanos.

Según el relevamiento, la política de desregulación oficial abarca once grandes sectores —liderados en volumen normativo por la agroindustria, el mercado financiero y el comercio exterior—, pero muestra sus efectos más pronunciados en áreas sensibles del consumo masivo y los servicios.

En primer término afecta al sector salud y el precio de los medicamentos. Tras la eliminación de topes de aumento para las empresas de medicina prepaga mediante el DNU 70/2023, el sector registró incrementos del 417% que derivaron en el traspaso de cerca de 740.000 afiliados al sistema público.

A esto se sumó la reclasificación de remedios a la categoría de «venta libre» por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la autorización para comercializarlos fuera de las farmacias.

Las consecuencias negativas de la apertura generalizada afectaron los precios de alimentos. La finalización de los programas de control de precios y «Cortes Populares» coincidió con una caída histórica en el consumo de carne bovina (46 kg anuales per cápita).

Paralelamente, las derogaciones de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, junto con la desregulación de los precios de referencia para la yerba mate fijados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), golpearon tanto el poder adquisitivo de los consumidores como la rentabilidad de las PyMEs y pequeños productores.

La derogación de la Ley de Alquileres, por su parte, eliminó la extensión mínima contractual de tres años, liberó la periodicidad de los aumentos y habilitó la fijación de contratos en moneda extranjera, acentuando la asimetría en las negociaciones entre propietarios e inquilinos.

En el mundo del trabajo, la reforma laboral introdujo figuras como la del «colaborador independiente» , el sistema de «banco de horas» para sustituir horas extras, la extensión del período de prueba a seis meses y el esquema del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Asimismo, la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral excluyó expresamente a los trabajadores de plataformas del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.

El desempleo no bajó; de hecho, cuando las actuales autoridades arribaron a Casa Rosada este índice ascendía al 5,7%. Hoy alcanza al 7,5%. Tampoco disminuyó el trabajo no registrado. A fines de 2023, la informalidad alcanzaba al 41,4%, mientras que hoy ese guarismo es de 44,2%, según datos del INDEC.

En el sector terciario de la economía el efecto, obviamente, también estuvo en sintonía con todo lo anterior. La liberalización de las tarifas de transporte afectó a los colectivos de larga distancia, la aviación comercial (bajo la política de cielos abiertos) y los servicios de comunicaciones.

En materia energética, la reestructuración de los subsidios en luz y gas, junto con la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la liberación del precio de las garrafas, incrementó los costos fijos de hogares e industrias.

El informe resalta además los riesgos asumidos en materia de sanidad y fiscalización. La reducción de atribuciones en organismos técnicos como el SENASA, la ANMAT y el INTI facilitó la importación de insumos y maquinaria usada con menores controles locales, episodio que tuvo su mayor tensión cuando la flexibilización en el ingreso de carne con hueso a la Patagonia provocó un cierre temporal del mercado exportador ganadero hacia Chile.