Mi presupuesto es un dibujo

El gobierno elevó el proyecto de Ley de Leyes

Mi presupuesto es un dibujo

El Ejecutivo no se aparta ni un ápice de su sueño de superávit fiscal. Se prevé una inflación interanual del 18%, un dólar a $1.847,6 para fin de mandato y un crecimiento del 4% del PBI. Y una poda continuada para sostener las metas. Quiénes ganan y quiénes pierden en 2027. Spoiler, vos perdés. Se consolida el estado de ajuste permanente.

FACTOPÍA

En cumplimiento de la legislación vigente, el gobierno nacional envió para su aprobación al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2027. Y como ocurre casi siempre es una pieza de animación, pero en sepia. Prevé un superávit primario del 1,3% del PBI (y un superávit financiero del 0,2%), sustentado en la continuidad del recorte del gasto público. Una segunda lectura confirma que la Argentina marcha hacia el cuarto año de ajuste y contracción de partidas sensibles frente a la inflación.

Al presupuesto nacional se lo nombra como “Ley de Leyes” debido a que toda política pública no es otra cosa que la ejecución de una partida presupuestaria. Retórica al margen, lo importante, la verdad ululante, es siempre la cuestión de pesos y centavos.

Es en esa planilla de Excel donde las intenciones declamadas en los discursos de campaña se chocan de frente con la realidad contable. Cuando se remueven las capas de optimismo macroeconómico y los supuestos de inflación a la baja que año tras año terminan pulverizados por la coyuntura, lo que queda al descubierto son las prioridades reales del Estado: a qué sectores se decide subsidiar o impulsar y a cuáles se los liquida por goteo.

En esta planilla para 2027, el reparto de fichas vuelve a repetir un esquema conocido. Mientras los vencimientos de deuda y los incentivos a sectores extractivos se garantizan con precisión de cirujano, las partidas destinadas a salud, educación, ciencia y jubilaciones sufren un recorte en términos reales que ninguna pauta de inflación dibujada logra disfrazar. La matemática fiscal no perdona. Para mantener los números en verde en las planillas oficiales, la caja de la calle se tiene que secar.

El relato de la austeridad compartida se desmorona en cuanto se analiza quiénes ponen el hombro y quiénes juntan los dividendos. El verdadero problema de este trazo fino no es solo lo que estipula, sino la ficción sobre la que se construye. Proyectar un país en expansión mientras se estrangula el consumo interno y la inversión pública es, como mínimo, un acto de fe voluntarista.

Y es justamente en esa brecha entre los números del papel y el bolsillo de todos los días donde empieza a proyectarse la primera gran fisura del plan oficial.

Como el presupuesto nacional no hace otra cosa que redistribuir los recursos, y en toda distribución hay ganadores y perdedores, veamos a quién le toca qué en las hojas de cálculo.

Los que ganan

La reestructuración del sistema de inteligencia nacional consolida partidas por más de $100.000 millones para la SIDE, garantizando fondos reservados y recursos para el monitoreo digital. El área experimenta un salto presupuestario superior al 216% real respecto a ejercicios anteriores, quedando convertida en una caja blindada frente a la austeridad fiscal.

El presupuesto asigna más de $3,2 billones a la función Seguridad Interior y valida económicamente la doctrina de involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior. 

Las carteras de Defensa y Seguridad reciben incrementos que superan en más de 10 puntos a la inflación proyectada del 18%, priorizando el equipamiento de disuasión y la logística militar.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado opera con una asignación garantizada de $12.500 millones para ejecutar la disolución de organismos y la quita de controles. Se financia la burocracia técnica encargada de pilotear el remate de activos públicos y el traspaso de funciones estatales hacia el sector privado.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete concentra más de $850.000 millones en partidas de asignación flexible y Fondos Fiduciarios reconfigurados. Mientras se recortan un 82% las transferencias discrecionales a las provincias, el Palacio de Cisne retiene la billetera necesaria para negociar leyes, giros de emergencia y gobernabilidad según la urgencia del momento.

Los que ganan mucho

Los grandes inversores amparados por el RIGI se consolidan como los mayores beneficiarios del proyecto. Los 23 proyectos aprobados bajo este régimen, que representan una promesa de inversión de USD 49.766 millones, gozan de exenciones de derechos de exportación, IVA y Ganancias con un costo fiscal estimado de entre USD 2.888 y USD 3.175 millones anuales (cerca del 0,5% del PBI), una cifra que fue directamente omitida dentro de las planillas oficiales de Gasto Tributario.

En simultáneo, los acreedores financieros y tenedores de deuda pública absorben la prioridad macroeconómica innegociable del esquema fiscal. La Finalidad Servicios de la Deuda Pública insume $18,61 billones, equivalentes al 9,21% del presupuesto total, superando holgadamente a la totalidad de las partidas destinadas a infraestructura, energía, transporte y administración gubernamental combinadas.

Las fortunas más altas capturan un alivio directo gracias a la reducción progresiva de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales, que baja del 1,0% al 0,75%. Esta modificación provoca que la recaudación de este tributo crezca apenas un 7,5% nominal, lo que representa una caída real masiva en la carga impositiva sobre los grandes patrimonios.

Por su parte, los beneficiarios de regímenes promocionados conservan sus ventajas tributarias prácticamente intactas. El marco presupuestario convalida la exención y reducción impositiva contempladas en la Ley de Economía del Conocimiento, el régimen minero tradicional y la Promoción Industrial de Tierra del Fuego, articulando un subsidio fiscal que insume el 0,44% del PBI.

El sector de las concesionarias privadas se queda con la explotación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, complementada con beneficios de amortización acelerada en Ganancias, devolución de IVA y cómputo del 100% del Impuesto al Cheque, a lo que se suma la exención de Ganancias a los fideicomisos de las centrales termoeléctricas manejadas por Enarsa.

Finalmente, el Tesoro Nacional obtiene un margen masivo de endeudamiento de corto plazo mediante los Artículos 42 y 43 del proyecto. Estas cláusulas facultan al Ejecutivo a emitir títulos públicos en moneda extranjera por hasta un 18% y Letras del Tesoro por hasta $72 billones, otorgando la capacidad discrecional para forzar el rollover y avanzar en el canje del 100% de las letras intransferibles en manos del Banco Central.

Los que pierden

La Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares sufren el impacto directo del Artículo 17, que deroga el régimen de movilidad automática. Al quedar desenganchadas de una fórmula legal y pasar a depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, las prestaciones pierden el blindaje frente a la inflación en un presupuesto que contempla una meta del 18% anual.

Las provincias y municipios reciben la embestida de la «regla fiscal inalterable», que obliga a que cualquier desvío de ingresos se compense recortando los gastos no automáticos. Con una caída proyectada del 82% real en las transferencias discrecionales y la parálisis de los giros de capital para obras, las subjurisdicciones quedan relegadas a niveles de asistencia mínimos históricos.

El gasto en prestaciones previsionales para jubilados y pensionados se congela al ritmo de la pauta inflacionaria oficial del 18%, fijando un techo rígido que impide la recuperación del haber real. La masa presupuestaria de ANSES consolidará la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, sin contemplar la recomposición de haberes ni la garantía legal de bonos compensatorios adicionales.

Las empresas públicas no privatizadas sufren un recorte del 45% real en las transferencias corrientes destinadas a cubrir sus gastos operativos. Esta asfixia de recursos busca forzar un autofinanciamiento imposible en el corto plazo, empujando a las compañías estatales al deterioro del servicio, la reducción de plantillas y el vaciamiento previo a su venta.

Los que pierden mucho

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufre un golpe demoledor por la aplicación del Artículo 21, que elimina la alícuota del 0,65% sobre importaciones fijada por la Ley 25.641. Esta medida le extirpa de un plumazo el 57% de sus ingresos proyectados, traduciéndose en un recorte real del 50% de sus fondos globales y paralizando la investigación aplicada al campo.

La estocada sobre los organismos de control y desarrollo industrial alcanza niveles críticos. El INTI pierde el 100% de los fondos atados al régimen impositivo de importaciones, mientras que el SENASA sufre la quita del 58% de sus ingresos tributarios propios, derivando en una caída real del 40% en su presupuesto total de fiscalización sanitaria.

El CONICET padece un desguace directo en sus metas físicas al contemplar una partida que cubre apenas 9.138 becarios, lo que representa un recorte del 9,6% frente a 2026 y un desplome del 24% respecto a los 12.000 becarios de 2023. En simultáneo, la Agencia I+D+i vuelve a podar los fondos para proyectos de investigación tecnológica a través del FONCYT y el FONTAR.

La pretensión de sostener la recaudación fiscal sin tocar a los grandes patrimonios se descarga sobre los usuarios de combustibles y la cadena exportadora. La carga tributaria nominal se incrementa de manera drástica en estos sectores, registrando un salto del 59,3% en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y del 41,3% en la recaudación por Derechos de Exportación.

En fin. Estamos ante un presupuesto nefasto pero predecible. Parafraseando al relator del hipódromo en Los Simpson frente al caballo Duncan, «El presupuesto del que nadie esperaba nada, nada distinto está haciendo».