Administración por omisión y superávit de fantasía

NÚMEROS APÓCRIFOS

Administración por omisión y superávit de 

fantasía

La contabilidad creativa de Hacienda olvida trasladar a sus balances la bola de nieve que significa la deuda en letras y bonos. El superávit se esfuma de inmediato si se contabilizan los intereses capitalizables. Esto tiene patas cortas.

FACTOPÍA

El relato oficial del superávit financiero consecutivo se sostiene sobre una ficción contable tan precaria como insostenible. Al omitir el registro devengado de los intereses capitalizables de la deuda en pesos —como las LECAP y los BONCAP—, el Palacio de Hacienda dibujó un balance ideal, escamoteando una bola de nieve monumental que tarde o temprano chocará contra la pared de la realidad.

La «administración por omisión» se ha convertido en el método preferido de la tecnocracia oficial para mostrar números alegres en las planillas de Excel mientras la economía real se desangra.

La trampa es elemental pero efectiva para la tribuna: como los títulos a tasa fija capitalizan sus intereses mes a mes y patean el pago íntegro para el vencimiento, el Gobierno anota como ahorro fiscal en su contabilidad de caja lo que en realidad es una postergación compulsiva de obligaciones financieras.

Para entender el truco sin ser contador, alcanza con mirar la economía de cualquier hogar. Imaginá que en tu casa entran un millón de pesos al mes y gastás novecientos mil en comida y servicios. En la cuenta rápida, te quedan cien mil a favor y festejás tu supuesto superávit. Pero ese mismo mes compraste una computadora en doce cuotas de cien mil pesos, acordando con el vendedor empezar a pagar recién dentro de tres meses.

Durante ese trimestre disponés de esos cien mil pesos en la mano solo por un diferimiento transitorio, pero el compromiso ineludible ya está firmado: al cuarto mes, cuando debas afrontar el pago de las cuotas, ese superávit se convierte automáticamente en equilibrio. Si te ufanás de que te sobra plata ignorando que solo pateaste la obligación para más adelante, no estás ordenado; estás jugando a hacer trampa con el calendario.

El problema mayor ocurre cuando llega el vencimiento de la primera cuota. Como en el bolsillo sigue habiendo la misma plata pero las obligaciones ya no se pueden patear gratis, el deudor desesperado corre a pedirle dinero prestado a Mercado Libre para pagar la cuota de la computadora y seguir simulando ante la familia que mantiene un superávit de cien mil pesos.

Obviamente, la plataforma no presta gratis: los intereses astronómicos con los que te esquilman quedan omitidos del balance del hogar, pero la deuda real se multiplica en espiral. La bicicleta se acelera, el costo financiero se vuelve impagable y el mentorado equilibrio familiar pasa a sostenerse de forma exclusiva gracias a la toma de más deuda cara.

En las cuentas del Estado ocurre exactamente lo mismo. Mientras las potencias económicas —como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón— aplican bajo estrictos estándares internacionales el criterio de lo devengado, contabilizando los intereses como gasto real en el momento exacto en que se generan sin importar cuándo se pagan, la Argentina maquilla sus balances.

Tal como lo documenta el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a los datos oficiales del INDEC y los registros de ejecución presupuestaria del Tesoro, la dimensión del engaño queda expuesta al mirar los números finos. Si a los datos oficiales de septiembre de 2026, donde Hacienda celebró un superávit de 0,98 billones de pesos, se le sumaran los 2,11 billones de intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y Títulos Duales de ese mismo mes, el supuesto equilibrio se evapora al instante, revelando un rojo financiero real de 1,14 billones.

Pero la verdadera magnitud de la farsa se observa al repasar toda la película institucionalizada. Al incluir la capitalización de estos títulos desde enero de 2024 hasta la fecha, la bola de nieve acumulada bajo la alfombra asciende a unos escalofriantes 53,10 billones de pesos, dinamitando por completo el relato de un superávit acumulado de 6,53 billones que la tecnocracia agita permanentemente para la tribuna.

La defensa oficial apela al clásico latiguillo financiero de que las deudas no se pagan, sino que se refinancian. Sin embargo, al no existir en la Argentina confianza ni crédito a treinta años, la deuda se emite a plazos cortísimos de pocos meses, obligando al Tesoro a salir a rollear cifras astronómicas mes a mes.

Esta dinámica genera una contradicción flagrante con el propio dogma liberal del Gobierno. Para sostener la refinanciación permanente, los bancos se ven forzados a volcar casi la totalidad del crédito disponible a comprar títulos públicos, secando por completo el financiamiento para las PyMEs, el consumo y la producción real.

La esperanza secreta de la tecnocracia es cruzar a toda velocidad un puente de papel. Apuestan a que una remonetización de la economía o un maná de dólares extractivos les permita canjear esta deuda cara y corta por títulos de largo plazo. Pero las bolas de nieve no se disuelven por arte de magia; terminan estrolándose contra la realidad cuando el mercado se niega a renovar o exige tasas impagables.

Mientras tanto, este ajuste por omisión no es simétrico. Mientras se asfixia a las provincias, a la obra pública, a las universidades y a las jubilaciones con la excusa implacable del rigor fiscal, el déficit real se patea hacia adelante, garantizando que la factura final de estos pasivos sea de estricta y dolorosa realidad.

La SIDE y el blindaje de la opacidad

Mientras la tecnocracia oficial predica un rigor fiscal implacable y empuja a la sociedad a un sacrificio insostenible, la motosierra se vuelve llamativamente selectiva. El ajuste nunca es simétrico.

Mientras se castiga con crueldad a las provincias, se paraliza por completo la obra pública, se licuan las jubilaciones y se desfinancian las universidades públicas, los recursos del Estado se reasignan sin pruritos ni controles hacia las cuevas de la opacidad política y el espionaje. La prueba más obscena de esta asimetría es el blindaje presupuestario otorgado a la SIDE.

En un contexto donde cada peso recortado a los sectores vulnerables se festeja como un triunfo patriótico de la austeridad, los fondos destinados a los servicios de inteligencia se multiplican y blindan bajo el argumento abstracto de la seguridad nacional, eximiéndose por completo de rendir cuentas ante la sociedad y el Parlamento.

La SIDE opera como un barril sin fondo de discrecionalidad institucional, demostrando una vez más que el riguroso superávit es una regla estricta para la economía de los de abajo y una categoría inexistente cuando se trata de financiar la maquinaria del secreto político.

No es la intención de FACTOPÍA impartir una clase magistral de contabilidad pública ni aturdir con tecnicismos financieros inaccesibles para el ciudadano de a pie. Esta nota encuentra su sustento técnico en rigurosos informes elaborados por centros de estudio como el CEPA, cruzados minuciosamente con los datos oficiales que publican el INDEC y el propio Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo Nacional.

No buscamos el reconomimiento académico. Frente al discurso hegemóniconos proponemos mostrar estos trucos de magia de la contabilidad creativa y cómo se dibujan los balances mientras la economía real se desmorona.