La Argentina en el podio de los parias laborales

PÉRDIDA DE DERECHOS

La Argentina en el podio de los parias 

laborales

Un informe internacional ubica al país entre los que más retrocedieron en el ámbito del trabajo. Obtuvimos el peor lugar en Sudamérica y estamos a nivel de Bielorrusia, Myanmar y Eswatini. No obstante, para la intelligentzia estamos en el buen camino.

Pablo G Ramos

Los derechos laborales en la Argentina atraviesan una degradación continua y los trabajadores asisten a un desmantelamiento sistemático de sus conquistas históricas. El «Índice Global de Derechos 2026» ubicó a nuestra economía entre las diez que más desprotegen a sus trabajadores en el mundo.

Este informe es elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), una organización global que nuclea a más de 191 millones de trabajadores en 169 países, y su edición 2026 desnuda sin atenuantes el verdadero costo social y político del modelo de ajuste implementado en la Argentina.

De la categoría 3 a la 5 sin escalas

La metodología que utiliza la CSI para elaborar su índice se basa en un riguroso sistema de codificación que evalúa a los países a partir de 97 indicadores de violaciones de derechos laborales —tanto en la legislación como en la práctica— derivados de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las naciones se agrupan en una escala del 1 al 5 (y 5+). La categoría 1 corresponde a los países donde los derechos se respetan de manera generalizada, mientras que la categoría 5 representa la ausencia total de garantías y el escalón más crítico de vulneración.

El dato más alarmante que arroja el documento es la velocidad inusitada del retroceso argentino. El país se desplomó desde la categoría 3 («violaciones regulares») que ostentaba hasta 2024, descendiendo en caída libre hasta la categoría 5 («ninguna garantía de derechos») en el índice de 2026.

Es un desplome sin antecedentes en tan corto plazo, que confirma que la demolición de los marcos protectores del trabajo no constituye un daño colateral desafortunado, sino el núcleo operativo del programa oficial.

El club de la vergüenza

Como consecuencia directa de esta degradación, la Argentina ingresó formalmente al selecto y trágico pelotón de «los diez peores países del mundo para los trabajadores».

Nuestro país comparte este podio global de la desprotección laboral con regímenes autoritarios y estados fallidos como Bielorrusia, Myanmar, Egipto, Nigeria, Túnez, Suazilandia, Ecuador, Panamá y Turquía. En el concierto sudamericano, pasamos a ser la oveja negra indiscutida de la región en materia de respeto a la legislación laboral internacional.

El informe señala de manera directa al gobierno de Javier Milei por impulsar una agenda ferozmente antisindical. Lejos de la retórica de la «libertad», las políticas oficiales han desmantelado las estructuras de diálogo social, restringido el derecho a huelga mediante la ampliación abusiva de los llamados «servicios esenciales» y atacado frontalmente la negociación colectiva.

Para el poder real, el sindicato y el convenio colectivo ya no son herramientas de equidad social, sino simples costos a minimizar en nombre de la rentabilidad del enclave.

Represión, persecución y exilio político

La pérdida de garantías en el plano normativo se tradujo en una brutal violencia en las calles. El relevamiento documenta que al menos 1.350 personas resultaron heridas —entre jubilados, manifestantes y trabajadores— durante la represión sistemática a las protestas sociales y sindicales.

El caso más paradigmático expuesto a nivel global es el de Federico Giuliani, secretario general de la seccional Córdoba de ATE-CTA, quien tras ser arbitrariamente detenido en una razia policial debió huir del país y solicitar asilo como refugiado político para poner a resguardo su libertad y su integridad física.

La ofensiva no se limita al plano legislativo o policial; cuenta con la complicidad directa del sector privado, envalentonado por el clima de época. El documento de la CSI expone la proliferación de prácticas de union busting (destrucción sindical) ejecutadas con total impunidad.

Desde la vandalización e infiltración de sedes gremiales —como el histórico local del sindicato del vidrio en CABA en 2025— hasta los despidos masivos y persecutorios en la administración pública, cuyo caso testigo fue el vaciamiento de la ANSES, donde los tribunales debieron confirmar el carácter discriminatorio y antisindical de las cesantías que afectaron de manera quirúrgica a los afiliados organizados.

No obstante, este informe fue reproducido por El Destape y Página/12 solamente. La conversión en Venezuela —anunciada cientos de veces por la prensa hegemónica— ahora sí está en proceso.